¿Por qué Guyana no ha aprobado la Ley de Anti Lavado de Activos?

Importante: Esta traducción se realizó para fines internos solamente, la versión original del documento contenido en el Financial Services Advisor, un boletín del Diálogo Interamericano en Washington, está disponible únicamente en inglés en: http://www.thedialogue.org/uploads/LAA/FSA/2014/FSA140319.pdf

La Secretaría de la Comunidad del Caribe expresó preocupación el mes pasado ante el fracaso de Guyana en aprobar la Ley de Anti Lavado de Activos y Combate del Financiamiento del Terrorismo, una medida que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos ha llamado a aprobar. El Grupo de Acción Financiera del Caribe ha colocado al país en la lista negra, debido a esta situación. ¿Qué está la legislación llamada a lograr y por qué su aprobación se ha resistido? ¿Cómo esta disputa afectará a las compañías de servicios financieros en Guayana y a su economía en general? ¿Es la inacción de Guyana un golpe a los esfuerzos de coordinación de Anti – Lavado de Activos en el Caribe?

Earl Jarrett, Gerente General de JNBS (la Sociedad Constructora Nacional de Jamaica): “La lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo depende en una red global de las instituciones financieras, las cuales se prescriben a un estándar común que verifica la identidad de los clientes, el origen de los fondos transferidos a través de las redes financieras y el estricto monitoreo de toda clase de transacciones sospechosas. La Ley Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) efectivamente busca cerrar las arterias que alimentan la actividad criminal, y en muchas instancias, contribuyen a la muerte de ciudadanos inocentes. La lucha contra el uso de la red financiera global para la actividad criminal es efectiva como el vínculo más débil en esta cadena de esfuerzos. Por lo tanto, es importante para cada Estado Nación, sin importar cuán pequeño, participar plenamente aprobando la legislación apropiada que permita a las instituciones financieras monitorear y reportar transacciones, como parte de sus esfuerzos para combatir un flagelo global. Derivado de los reportes públicos, podría parecer que los creadores de leyes en Guyana están frustrados ya que la promulgación de leyes de ALA/CFT está siendo utilizado como una herramienta de negociación por los partidos políticos de la oposición. Sostengo que de todas las leyes, la Ley ALA/CFT no es una Ley para ser utilizada para maniobras políticas. Las implicaciones para Guyana son graves, ya que podría encontrarse bloqueado de la red financiera global y encontrarse deshabilitado para realizar transacciones financieras internacionales de rutina. Guyana cuenta con la tercera afluencia de remesas más importante en el Caribe y la falta de aprobar la Ley podría interrumpir este importante ingreso para los ciudadanos, en la medida que los bancos internacionales podrán ordenar el cese correspondiente y las relaciones con entidades de remesas en Guyana. Todos los países de América Latina deben ver esta acción en Guyana como uno de los impactos negativos en los esfuerzos significativos por demostrar nuestro compromiso en proteger a la región de la actividad criminal.”

Ronald Sanders, Miembro de la Junta del Caribe de la Universidad de Londres y Ex Presidente del Grupo de Acción Financiera: “Adopción de la ley está complicado por la política interna de Guyana. Donald Ramotar fue electo Presidente en 2011 por pluralidad, pero la mayoría de votos de la legislatura fueron de dos partes opositoras. Por lo tanto, el Gobierno no puede aplicar la legislación no está apoyado por los partidos de la oposición. La legislación inicialmente propuesta por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), es un estándar en todo el Caribe. Su aceptación sería el primer paso para llevar a Guyana al cumplimiento de los Estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)y supervisado por el Fondo Monetario Internacional. Si Guyana continúa sin adoptar la legislación y cumplir otros requerimientos; Guyana no solamente será colocado en la lista negra de los países miembros del GAFIC, lo cual ya fue realizado, sino también globalmente en los países del GAFI. Esto significa que todas las transacciones financieras de Guyana serán sujetas al costoso escrutinio de bancos corresponsales alrededor del mundo, algunos ya han cerrado relaciones con Guyana. Negocios, comercio, inversión e incluso simples transacciones transfronterizas serán adversamente afectadas con consecuencias como el daño de la economía en su conjunto. Los partidos de oposición se han rehusado a aprobar la Ley ALA/CFT a menos que el gobierno la modifique para satisfacer su deseo de una mayor supervisión parlamentaria de su maquinaria y menos autoridad en las manos de los Ministros de gobierno. También han ligado el apoyo a la aprobación de la legislación, a la firma del presidente, de otra legislación que han iniciado, que no está relacionada con el proyecto de ley sobre ALA/CFT. Los dos lados ahora se ensañan en una lucha de poder y están fallando al compromiso con el interés nacional. La no adopción de la legislación no afectará a otros países del Caribe, a excepción que los bancos y las autoridades tendrán que examinar las transacciones para evitar la contaminación que puede provenir de incidentes de lavado de dinero en Guyana.”

Ignacio M. Alvarez, Abogado de Diaz, Reus & Targ: “El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) incluyó en lista negra a Guyana y advirtió sanciones mayores, a menos que el gobierno implemente los cambios legislativos. Debido a que históricamente el débil sistema de justicia criminal ha contribuido favorablemente al clima de tráfico de drogas, contrabando, tráfico humano y corrupción, crímenes que tienen propensión a generar grandes sumas de ganancias ilegales, el GAFIC ha tomado una postura más firme con Guyana. Como resultado, el GAFIC ha estado trabajando con Guyana en la implementación de un plan de acción con fechas definidas para abordar las deficiencias ALA/CFT que aún existen a pesar de la primera Ley ALA/CTF de 2009 de Guyana. Debido a una disputa política entre los partidos políticos, sin embargo, el proyecto de ley, el cual debería haber abordado estas deficiencias, se ha llevado a cabo en el Parlamento porque los partidos políticos no han acordado las modificaciones a la Ley. Esto incluye la re estructuración de la Unidad de Inteligencia Financiera y establecimiento de umbrales necesarios con el propósito de ejecutar confiscaciones. La falta de aprobación de estas necesarias reformas previo a la Plenaria de Mayo del GAFIC podría conducir a serias sanciones. Esto podría ser devastador para la industria de servicios financieros de Guyana, causando potencialmente la terminación de las relaciones entre los Bancos internacionales y sus contrapartes guyanesas. Esto podría causar que otros países realizaran mayores escrutinios en los fondos originados en Guyana. Para un país cuya industria es altamente dependiente de la exportación de recursos naturales, estas acciones podrían fácilmente paralizar la economía ya que los compradores de sus exportaciones enfrentarían mayores dificultades al realizar transacciones con Guyana.

Jan Smith, el Director para América Latina en Edgar, Dunn y Co.: “El gobierno y la oposición están detenidos en discusiones sobre el proyecto de Ley ALA/CFT y están utilizando el debate como una plataforma para airear sus agravios políticos. Se encuentra abierta la especulación respecto a cómo el narco dinero y el refugio de políticos venezolanos ya ha permeado. La oposición parlamentaria se ha encajonado a si mismo colocando rígidas demandas para apoyar la Ley ALA/CFT que la mayoría PPP bloqueará. Estas demandas incluyen la Comisión de Contratación Pública (PPC por sus siglas en inglés), una enmienda que allanará el camino para garantizar la equidad en la distribución de los contratos del gobierno. La oposición interpreta la renuencia del PPP de aceptar al PPC como miedo a ser transparente. El PPP es el responsable opositor del impase y de la inclusión en lista negra inicial y en consecuencia de la desaceleración de la economía. Aunque la inclusión en lista negra tiene el objetivo de hacerlo difícil para comerciantes ilegales, el costo más alto caerá en las empresas legales. Esto afectará el costo del procesamiento internacional de transacciones y afectará adversamente el comercio y los flujos financieros en la región. Esto también afectará a la provisión de bienes y servicios de los gobiernos. Muchos socios regionales e instituciones financieras están analizando el costo beneficio de hacer negocios, y algunos, como Citibank, han terminado relaciones con contrapartes locales. El asunto puede ser una espina en el lado de la política regional, pero no es una deficiencia regional. La carencia de esfuerzos regionales anti lavado de activos, podría ser precisamente el escenario opuesto: no tener ningún recurso legal y tolerar el alto riesgo de hacer transacciones con Guyana.”

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