En diciembre de 2020, el ciudadano jamaiquino de 35 años, Algrando Stewart, se declaró culpable de posesión de información de identidad y de infracciones de la Ley de Reforma Legislativa de Jamaica, que se incluye en la Lista 2 de delitos de la Ley de Activos del Crimen de Jamaica. Se confiscaron propiedades y efectivo y se ordenó al acusado que indemnizara a la Corona por J$13 millones.
El 26 de agosto de 2016, oficiales de policía de la Unidad de Investigación Proactiva de St. James realizaron una búsqueda en la residencia del Sr. Stewart y descubrieron un teléfono celular que contenía material de estafa de lotería. También se descubrió efectivo por un monto de US$6,230 y J$116,000. Posteriormente, el Sr. Stewart fue arrestado y acusado en virtud de la Ley sobre el Producto del Delito y la Ley de Reforma Legal. Los delitos de la Lista 2 de la Ley de Reforma Legislativa significa que la parte condenada lleva un estilo de vida delictivo; faculta a la corte para hacer suposiciones de que las propiedades propiedad de la parte culpable o transferidas a ella se produjeron como resultado de su estilo de vida criminal. También permite que la corte asuma que sus gastos de subsistencia (servicios públicos, comestibles, etc.) fueron financiados con el producto del delito, a menos que el Sr. Stewart demuestre lo contrario.
La FID llevó a cabo una investigación por lavado de activos y decomiso de activos con base en un informe del caso de la policía. Durante la investigación, se encontró que el Sr. Stewart recibió millones en remesas de varias personas en los Estados Unidos, la mayoría de las cuales eran personas mayores. También se reveló que el Sr. Stewart adquirió varios activos utilizando fondos que no eran proporcionales a sus ingresos conocidos como carpintero. El Sr. Stewart recibió más de J$20 millones en remesas y millones más a través de intermediarios, que utilizó parcialmente para comprar dos lotes residenciales en Trelawny valorados en más de J$7 millones. Además, compró tres vehículos de motor por un valor de aproximadamente J$8 millones durante un período de cuatro meses y poseía cuentas bancarias con US$9,800 y J$2.9 millones.
Se contactó al Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) y se le proporcionaron los nombres de las personas que remitieron fondos al Sr. Stewart. Sin embargo, el USPIS no pudo obtener declaraciones de las víctimas, ya que muchas de ellas se encontraban en muy mal estado de salud, perdieron sus capacidades cognitivas o habían fallecido.
El Sr. Stewart consintió la confiscación de lotes residenciales ubicados en Trelawny, valorados en más de J $ 7 millones y la confiscación de US$6,230 y J$116,000. También se le ordenó pagar J$12 millones a la Corona; con J$3million a pagar en un mes y el saldo en un período de 24 meses. En relación con el delito de Posesión de Información de Identidad, se le ordenó además pagar una multa de J$1 millón o 12 meses de prisión, así como 2 años de prisión de trabajos forzados, con suspensión de 3 años.
El Director Principal Interino de la FID, Sr. Keith Darien señaló, “Este caso sigue siendo una gran victoria para la División a pesar del hecho de que no todas las partes de la herencia que habría adquirido por su actividad criminal fueron confiscadas por su consentimiento. Los procedimientos judiciales habituales en torno al decomiso pueden consumir mucho tiempo y muchos recursos. Esencialmente, su declaración de culpabilidad y su consentimiento para la confiscación le ahorraron al sistema judicial bastante tiempo. Muchos de estos casos pueden prolongarse durante años sin garantía de que todos los activos que el condenado hubiera ganado criminalmente se confiscarían a la corona.”
Añadió: "Estamos agradecidos con la policía que buscó nuestra asociación para seguir adelante con este asunto y los alentamos a que continúen en una línea similar cuando reconozcan que un cargo presentado por un delito puede incluir un delito financiero". Continuó afirmando que el caso sirvió como una advertencia a los delincuentes de que las autoridades policiales de Jamaica son capaces de descubrir actividades relacionadas con el ocultamiento o la inversión del producto del delito. Aconsejó a los ciudadanos que se resistieran a los esfuerzos por compartir o beneficiarse del producto del delito.
