El Banco Central del Caribe Oriental (ECCB) lanza un piloto de moneda digital

El 31 de marzo de 2021, el ECCB lanzó el piloto de su moneda digital llamada "DCash", que es una versión digital basada en blockchain del dólar del Caribe Oriental (EC). El piloto de DCash intenta crear una mayor inclusión financiera en la Unión de Países del Caribe Oriental (ECCU), así como aumentar el crecimiento económico y las oportunidades comerciales. El piloto tendrá una duración de 12 meses e inicialmente incluirá cuatro países: Antigua y Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. Posteriormente, se extenderá el piloto a otros países del Caribe oriental con la anticipación de que se unirán en septiembre de 2021.

Según un comunicado del gobernador del ECCB, el Sr. Timothy Antoine, DCash tiene como objetivo establecer sistemas de pago más seguros, más baratos y más rápidos para todas las personas, excepto los "actores ilícitos". Al expandir cada uno de los beneficios de la nueva moneda digital, el Gobernador señaló que el efectivo digital no se puede robar y facilita el método de pago sin contacto, que se adhiere a los protocolos COVID-19. Además, el ECCB “ha tenido el cuidado de incorporar protocolos ALA/CFT en el diseño de DCash e incorporar los estándares de la industria y las mejores prácticas en lo que se refiere a la ciberseguridad… y la privacidad de los datos”. Se completan los pagos y transferencias  de forma instantánea y no hay ningún costo para las personas que utilizan DCash para realizar transacciones. Además, el Gobernador declaró que utilizar la aplicación DCash ofrecería a los usuarios una mejor gestión financiera.

Las personas pueden acceder a DCash a través de la Aplicación oficial, DCash Wallet, y realizar transacciones financieras utilizando sus dispositivos inteligentes. Se puede obtener DCash de los bancos comerciales participantes, uniones de crédito u otras instituciones autorizadas.

Islas Vírgenes (Británicas) intenta Fortalecer las Leyes contra el Lavado de Dinero (ALA) y contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)

El 3 de febrero de 2021, el Gabinete de las IV consideró varias leyes destinadas a fortalecer su marco nacional ALA y CFT. El Gabinete consideró el Proyecto de Ley titulado “Ley (Enmienda) del Código Penal de 2021”, el cual intentaba enmendar la Ley del Código Penal de 1997 para tipificar los delitos fiscales como un delito determinante del lavado de activos (LA). La enmienda tiene como objetivo lograr el cumplimiento técnico de la Recomendación 3 del GAFI, que se centra en el delito de lavado de dinero y los delitos determinantes.

El Gabinete busca además otorgar competencias a la Agencia de Investigación Financiera (FIA) para que tome medidas contra personas y actividades que puedan estar relacionadas con el financiamiento del terrorismo (FT) y el LA a través de un Proyecto de Ley titulado “Ley de (Prohibición) de Financiamiento de la Proliferación 2021”. La Ley de Financiamiento de la Proliferación (Prohibición) de 2021 intenta derogar y reemplazar la Ley de Financiamiento de la Proliferación (Prohibición) de 2009 para cumplir con los requisitos de la Recomendación 7, sanciones financieras específicas relacionadas con la proliferación.

Con respecto a sus esfuerzos de CFT, el Gabinete ha presentado un Proyecto de Ley titulado "Ley contra el Terrorismo, 2021". Esta ley está destinada a ser utilizada como un medio para fortalecer el régimen legislativo CFT actual de una manera que satisfaga los requisitos de los estándares del GAFI. Además, se presentó para su debate un Proyecto de Ley titulado “Ley de Justicia Penal (Cooperación Internacional) (Enmienda) de 2021”. El Proyecto de Ley facilita la cooperación de las IV con otros países en procesos e investigaciones penales. El Gabinete indicó que se realizarán las primeras lecturas de cada Proyecto de Ley en la próxima sesión conveniente.

 

 

 

 

 

La División de Investigación Financiera (FID, por sus siglas en inglés) se centra en los Activos después de la Investigación de una Estafa de Lotería

En diciembre de 2020, el ciudadano jamaiquino de 35 años, Algrando Stewart, se declaró culpable de posesión de información de identidad y de infracciones de la Ley de Reforma Legislativa de Jamaica, que se incluye en la Lista 2 de delitos de la Ley de Activos del Crimen de Jamaica. Se confiscaron propiedades y efectivo y se ordenó al acusado que indemnizara a la Corona por J$13 millones.

El 26 de agosto de 2016, oficiales de policía de la Unidad de Investigación Proactiva de St. James realizaron una búsqueda en la residencia del Sr. Stewart y descubrieron un teléfono celular que contenía material de estafa de lotería. También se descubrió efectivo por un monto de US$6,230 y J$116,000. Posteriormente, el Sr. Stewart fue arrestado y acusado en virtud de la Ley sobre el Producto del Delito y la Ley de Reforma Legal. Los delitos de la Lista 2 de la Ley de Reforma Legislativa significa que la parte condenada lleva un estilo de vida delictivo; faculta a la corte para hacer suposiciones de que las propiedades propiedad de la parte culpable o transferidas a ella se produjeron como resultado de su estilo de vida criminal. También permite que la corte asuma que sus gastos de subsistencia (servicios públicos, comestibles, etc.) fueron financiados con el producto del delito, a menos que el Sr. Stewart demuestre lo contrario.

La FID llevó a cabo una investigación por lavado de activos y decomiso de activos con base en un informe del caso de la policía. Durante la investigación, se encontró que el Sr. Stewart recibió millones en remesas de varias personas en los Estados Unidos, la mayoría de las cuales eran personas mayores. También se reveló que el Sr. Stewart adquirió varios activos utilizando fondos que no eran proporcionales a sus ingresos conocidos como carpintero. El Sr. Stewart recibió más de J$20 millones en remesas y millones más a través de intermediarios, que utilizó parcialmente para comprar dos lotes residenciales en Trelawny valorados en más de J$7 millones. Además, compró tres vehículos de motor por un valor de aproximadamente J$8 millones durante un período de cuatro meses y poseía cuentas bancarias con US$9,800 y J$2.9 millones.

Se contactó al Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) y se le proporcionaron los nombres de las personas que remitieron fondos al Sr. Stewart. Sin embargo, el USPIS no pudo obtener declaraciones de las víctimas, ya que muchas de ellas se encontraban en muy mal estado de salud, perdieron sus capacidades cognitivas o habían fallecido.

El Sr. Stewart consintió la confiscación de lotes residenciales ubicados en Trelawny, valorados en más de J $ 7 millones y la confiscación de US$6,230 y J$116,000. También se le ordenó pagar J$12 millones a la Corona; con J$3million a pagar en un mes y el saldo en un período de 24 meses. En relación con el delito de Posesión de Información de Identidad, se le ordenó además pagar una multa de J$1 millón o 12 meses de prisión, así como 2 años de prisión de trabajos forzados, con suspensión de 3 años.

El Director Principal Interino de la FID, Sr. Keith Darien señaló, “Este caso sigue siendo una gran victoria para la División a pesar del hecho de que no todas las partes de la herencia que habría adquirido por su actividad criminal fueron confiscadas por su consentimiento. Los procedimientos judiciales habituales en torno al decomiso pueden consumir mucho tiempo y muchos recursos. Esencialmente, su declaración de culpabilidad y su consentimiento para la confiscación le ahorraron al sistema judicial bastante tiempo. Muchos de estos casos pueden prolongarse durante años sin garantía de que todos los activos que el condenado hubiera ganado criminalmente se confiscarían a la corona.”

Añadió: "Estamos agradecidos con la policía que buscó nuestra asociación para seguir adelante con este asunto y los alentamos a que continúen en una línea similar cuando reconozcan que un cargo presentado por un delito puede incluir un delito financiero". Continuó afirmando que el caso sirvió como una advertencia a los delincuentes de que las autoridades policiales de Jamaica son capaces de descubrir actividades relacionadas con el ocultamiento o la inversión del producto del delito. Aconsejó a los ciudadanos que se resistieran a los esfuerzos por compartir o beneficiarse del producto del delito.

Empresa Holding RF aceptará la moneda digital a través de la red regional

La Empresa Holding RF ha firmado una asociación con la compañía de tecnología financiera Bitt para facilitar la aceptación de transacciones en moneda digital a través de su red en el Caribe.

La asociación, que se centra en el desarrollo de una plataforma basada en la infraestructura de moneda digital de Bitt, permitirá que las monedas digitales, tales como "Dólar de arena" en Las Bahamas, "mMoney" en Barbados y el "DCash" del Banco Central del Caribe Oriental, sean aceptadas y de fácil acceso a través de los productos de los bancos de inversión por una red más amplia de clientes del Caribe. La moneda digital es una forma de moneda que sólo está disponible en forma digital o electrónica, y no en forma física. También se llama dinero digital, dinero electrónico, moneda electrónica o dinero cibernético.

La Empresa Holding RF, que es la empresa matriz de un grupo de bancos de inversión en Las Bahamas, Barbados, y las Islas Caimán, indicó que se espera que este último emprendimiento ayude a brindar una mayor comodidad a los clientes del banco de inversión, y para crear un modelo de negocios más eficiente. La plataforma podrá facilitar los pagos desde y entre los bancos, consumidores individuales y comerciantes.

Lea el artículo completo aquí: http://www.jamaicaobserver.com/business-observer/rf-holdings-to-accept-digital-currency-across-regional-network_212020?profile=42

Las Islas Vírgenes Británicas publican su Informe de Evaluación de Riesgos del Lavado de Dinero 2020

La Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (BVIFSC) publicó su informe "Evaluación de riesgo 2020 del lavado de dinero" el 10 de diciembre de 2020. El informe presenta los hallazgos de las evaluaciones sectoriales para el período 2015-2019 y es un seguimiento del informe de Evaluación Nacional de Riesgos del país de 2016. Tras el informe de 2016, el Ministerio de Hacienda también publicó un "Informe de situación sobre la aplicación de las recomendaciones derivadas de la evaluación nacional de riesgos" en 2017. El BVI llevó a cabo su primera evaluación nacional de riesgos contra el lavado de dinero/financiación del terrorismo (ALA/CFT) en 2014.

La Directora General Interina de la BVIFSC, Sra. Jennifer Potter-Questelles, señaló que el informe de 2020 "revisó críticamente los riesgos del LA planteados por cada uno de los sectores bajo nuestro ámbito de control, en el contexto de las amenazas del LA a las que están expuestas las Islas Vírgenes". Explicó además que la evaluación mejoró la capacidad de los sujetos obligados para identificar riesgos específicos del LA dentro de sus respectivos sectores. En consecuencia, la BVIFSC y las entidades bajo su competencia pueden emplear medidas apropiadas para mitigar y gestionar eficazmente éstos y otros riesgos emergentes.

El informe completo se puede leer aquí.