Las Bahamas eliminadas de la Lista Negra de la Unión Europea Las Bahamas fue eliminada de la Lista de Jurisdicciones de Terceros Países de la Comisión Europea que cuentan con deficiencias estratégicas en sus regímenes ALA/CFT (Lista Negra ALA). El 7 de enero de 2022 se finalizó esta decisión, luego de que Las Bahamas fuera evaluada según la metodología revisada de la Comisión Europea para identificar terceros países de alto riesgo en el último trimestre de 2021. El GAFI eliminó a Las Bahamas de la lista de Jurisdicciones bajo Mayor Supervisión en diciembre de 2020 después de que el país abordara las deficiencias estratégicas identificadas por el GAFI. Sin embargo, en abril de 2021, la Comisión Europea identificó deficiencias que la jurisdicción debía abordar para cumplir con los estándares requeridos por la Comisión. Según un comunicado del Consejo de la Unión Europea del 10 de enero de 2022, “Las Bahamas ha implementado medidas que son lo suficientemente integrales y que cumplen con los requisitos necesarios para considerar que las deficiencias estratégicas identificadas en virtud del artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 han sido eliminados”. Las medidas tomadas por Las Bahamas han fortalecido su marco ALA/CFT y se han centrado en la transparencia de su régimen de beneficiarios efectivos. La Comisión Europea declaró que continuará trabajando en colaboración con el GAFI y el GAFIC para monitorear el desarrollo del régimen ALA/CFT de Las Bahamas. Además de Las Bahamas, la Comisión Europea concluyó que Botsuana, Ghana, Irak y Mauricio ya no tienen deficiencias estratégicas en su régimen ALA/CFT. En su Diario Oficial del 21 de febrero de 2022, la UE señaló que estos países han “fortalecido la efectividad de sus regímenes ALA/CFT y abordado las deficiencias técnicas relacionadas para cumplir con los compromisos en sus planes de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI también identificó. como puntos de referencia o preocupaciones adicionales de la Comisión”.
El GAFI adopta enmiendas a la Recomendación 24 y su Nota Interpretativa El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adoptó enmiendas a la Recomendación 24 y su Nota Interpretativa el 4 de marzo de 2022. Estos cambios requerirán que los países eviten el uso indebido de personas jurídicas para el lavado de activos (LA) o el financiamiento del terrorismo (FT) y garanticen que exista información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario efectivo (BO, por sus siglas en inglés) y el control de las personas jurídicas. El GAFI declaró que las enmiendas eran necesarias ya que las personas jurídicas fueron significativamente mal utilizadas para el LA, el FT y el financiamiento de la proliferación (FP) en varias jurisdicciones. En general, las Evaluaciones Mutuas del GAFI han indicado que existen niveles insuficientes de efectividad para combatir el uso indebido de personas jurídicas para propósitos de LA y FT en la red global. El GAFI señaló además que estos estándares mejorados son un paso inicial crítico que debe ser realizado junto con esfuerzos constructivos y sostenidos para implementar de manera efectiva los nuevos estándares y responder a los riesgos relacionados con el abuso de personas jurídicas. La Recomendación 24 ahora requiere un enfoque múltiple en el que se puede utilizar una combinación de distintos mecanismos para recopilar información de BO con el fin de garantizar que esté disponible para las autoridades competentes (AC) de manera oportuna. Los países deben exigir a las empresas que obtengan y mantengan información adecuada, precisa y actualizada sobre su propio BO y que pongan dicha información a disposición de las AC de manera oportuna. Los países también deben exigir que la información de BO esté en manos de una autoridad u organismo público que funcione como registro de BO o pueden utilizar un mecanismo alternativo si dicho mecanismo también proporciona un acceso eficiente a información de BO adecuada, precisa y actualizada por parte de las AC. Además, las jurisdicciones deben aplicar cualquier medida complementaria adicional que sea necesaria para garantizar la determinación de BO de una empresa. Dichas medidas incluyen mantener información BO obtenida por instituciones financieras reguladas y profesionales o en poder de reguladores o en bolsas de valores. Las revisiones a la Recomendación 24 requerirán que los países sigan un enfoque basado en el riesgo y consideren los riesgos de las personas jurídicas en sus países. Deben evaluar y abordar los riesgos que plantean las personas jurídicas, tanto las creadas en sus países como las personas jurídicas creadas en el extranjero que tengan vínculos suficientes con su país. Además, las enmiendas especifican que el acceso a la información por parte de las AC debe ser oportuno, y la información debe ser adecuada para identificar al beneficiario efectivo, precisa (basada en la verificación) y actualizada. Las jurisdicciones deben garantizar que las autoridades públicas tengan acceso a la información de BO de las personas jurídicas en el curso de la contratación pública. Finalmente, los cambios incluyen controles más estrictos para evitar el uso indebido de acciones al portador y acuerdos de nominados, incluida la prohibición de la emisión de nuevas acciones al portador y certificados de acciones al portador, la conversión o inmovilización de los existentes, y requisitos de transparencia más sólidos para los acuerdos de nominados. El GAFI está realizando una revisión paralela de la Recomendación 25 (propiedad efectivo de los acuerdos legales) para garantizar estándares de BO consistentes y adecuadamente adaptados y una implementación eficiente. Como parte de un enfoque por etapas, el GAFI comenzará a evaluar las jurisdicciones para la implementación de los requisitos revisados al comienzo de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Esto daría a los países tiempo suficiente para implementar las medidas internas necesarias. El GAFI declaró que continuará trabajando con la red global para brindar la asistencia técnica y la capacitación necesarias para ayudar a los países a cumplir con los estándares actuales, crear conciencia sobre las nuevas obligaciones, mejorar la comprensión de los registros y mecanismos alternativos, y mejorar la efectividad de su implementación. Más información sobre el proceso de revisión y las enmiendas a la Recomendación 24 están disponibles en el web del GAFSI .
La Oficina del Fiscal Público de Curazao administra Sanciones contra el Banco Una investigación realizada en 2020 por el Fiscal de la Procuraduría General de la República de Curazao, Sint Maarten y Bonaire, Sint Eustatius y Saba (OM) que trabajan en el grupo de trabajo Anticorrupción (TBO) ha dado como resultado que un Banco que opera localmente sea sancionado de acuerdo con al régimen sancionador y legislación vigente en la jurisdicción. Los términos del acuerdo incluían las siguientes sanciones: una multa de 200.000 florines de las Antillas Neerlandesas (NAf.) contra el Banco y la publicación de un comunicado de prensa por parte del OM. Como se indica en el comunicado de prensa, las sanciones mencionadas fomentan más informes de transacciones inusuales por parte del Banco a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En 2015, el OM había incautado una cuenta en el Banco a raíz de una solicitud internacional de asistencia jurídica. El titular de la cuenta fue objeto de una investigación criminal en el extranjero y se estimó el saldo de la cuenta en 1 millón de NAf en ese momento. Una investigación posterior en 2020 reveló que el Banco pagó el saldo al titular de la cuenta sin que se levantara la incautación. El OM inició una investigación penal contra el Banco ya que la retirada de activos de una incautación es un delito penal. Investigaciones posteriores mostraron que el Banco tampoco notificó a la UIF de manera oportuna. Las instituciones financieras están obligadas a informar sobre transacciones financieras cuando existan motivos para creer que pueden estar relacionadas con el lavado de dinero (LA) o el financiamiento del terrorismo (FT) en virtud de la Ordenanza Nacional sobre la Notificación de Transacciones Inusuales. El incumplimiento de esta obligación constituye delito. En estrecha cooperación con el país solicitante, el OM pudo volver a incautar la cantidad, esta vez en el extranjero. Desde entonces, un Tribunal de Primera Instancia extranjero ha condenado al titular de la cuenta por LD. El OM declaró que después de que tanto la Fiscalía como el Banco se dieron cuenta del acto criminalmente culpable de retiro de la incautación, el Banco contrató a una parte externa para realizar una investigación interna. Se describió el resultado de la investigación en un informe que se ha compartido con el OM. El OM señaló que “el informe revela una investigación exhaustiva y también describe las medidas ya tomadas y las que se tomarán para prevenir las infracciones descritas. El informe también describe la falta de notificación de transacciones inusuales a la UIF de manera oportuna. La minuciosidad de la investigación, su celeridad y las medidas internas fueron fundamentos para que el OM ofreciera un arreglo”.
El Banco Central del Caribe Oriental (ECCB) lanza un piloto de moneda digital El 31 de marzo de 2021, el ECCB lanzó el piloto de su moneda digital llamada "DCash", que es una versión digital basada en blockchain del dólar del Caribe Oriental (EC). El piloto de DCash intenta crear una mayor inclusión financiera en la Unión de Países del Caribe Oriental (ECCU), así como aumentar el crecimiento económico y las oportunidades comerciales. El piloto tendrá una duración de 12 meses e inicialmente incluirá cuatro países: Antigua y Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. Posteriormente, se extenderá el piloto a otros países del Caribe oriental con la anticipación de que se unirán en septiembre de 2021. Según un comunicado del gobernador del ECCB, el Sr. Timothy Antoine, DCash tiene como objetivo establecer sistemas de pago más seguros, más baratos y más rápidos para todas las personas, excepto los "actores ilícitos". Al expandir cada uno de los beneficios de la nueva moneda digital, el Gobernador señaló que el efectivo digital no se puede robar y facilita el método de pago sin contacto, que se adhiere a los protocolos COVID-19. Además, el ECCB “ha tenido el cuidado de incorporar protocolos ALA/CFT en el diseño de DCash e incorporar los estándares de la industria y las mejores prácticas en lo que se refiere a la ciberseguridad… y la privacidad de los datos”. Se completan los pagos y transferencias de forma instantánea y no hay ningún costo para las personas que utilizan DCash para realizar transacciones. Además, el Gobernador declaró que utilizar la aplicación DCash ofrecería a los usuarios una mejor gestión financiera. Las personas pueden acceder a DCash a través de la Aplicación oficial, DCash Wallet, y realizar transacciones financieras utilizando sus dispositivos inteligentes. Se puede obtener DCash de los bancos comerciales participantes, uniones de crédito u otras instituciones autorizadas.
Islas Vírgenes (Británicas) intenta Fortalecer las Leyes contra el Lavado de Dinero (ALA) y contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) El 3 de febrero de 2021, el Gabinete de las IV consideró varias leyes destinadas a fortalecer su marco nacional ALA y CFT. El Gabinete consideró el Proyecto de Ley titulado “Ley (Enmienda) del Código Penal de 2021”, el cual intentaba enmendar la Ley del Código Penal de 1997 para tipificar los delitos fiscales como un delito determinante del lavado de activos (LA). La enmienda tiene como objetivo lograr el cumplimiento técnico de la Recomendación 3 del GAFI, que se centra en el delito de lavado de dinero y los delitos determinantes. El Gabinete busca además otorgar competencias a la Agencia de Investigación Financiera (FIA) para que tome medidas contra personas y actividades que puedan estar relacionadas con el financiamiento del terrorismo (FT) y el LA a través de un Proyecto de Ley titulado “Ley de (Prohibición) de Financiamiento de la Proliferación 2021”. La Ley de Financiamiento de la Proliferación (Prohibición) de 2021 intenta derogar y reemplazar la Ley de Financiamiento de la Proliferación (Prohibición) de 2009 para cumplir con los requisitos de la Recomendación 7, sanciones financieras específicas relacionadas con la proliferación. Con respecto a sus esfuerzos de CFT, el Gabinete ha presentado un Proyecto de Ley titulado "Ley contra el Terrorismo, 2021". Esta ley está destinada a ser utilizada como un medio para fortalecer el régimen legislativo CFT actual de una manera que satisfaga los requisitos de los estándares del GAFI. Además, se presentó para su debate un Proyecto de Ley titulado “Ley de Justicia Penal (Cooperación Internacional) (Enmienda) de 2021”. El Proyecto de Ley facilita la cooperación de las IV con otros países en procesos e investigaciones penales. El Gabinete indicó que se realizarán las primeras lecturas de cada Proyecto de Ley en la próxima sesión conveniente.
