Antigua y Barbuda aprueban Proyecto de Ley de Regulación de Activos Digitales en el Parlamento Inferior El 27 de mayo de 2020, La Cámara de Representantes de Antigua y Barbuda aprobó el Proyecto de Ley de Activos Digitales 2020. El marco regulatorio apunta a regular las compañías de activos digitales que establecen sus operaciones en Antigua y Barbuda y brindan protección tanto a los intercambios como a sus clientes. Entre las principales cláusulas del Proyecto de Ley se encuentra la introducción de un sistema de licencias por niveles que requiere que todas las empresas de activos digitales obtengan una licencia para "emitir, vender o canjear monedas virtuales", que funcionan como un servicio de pago, que funcionan como un intercambio electrónico y para prestación de servicios de billetera de custodia. El Proyecto de Ley otorga a la Comisión Reguladora de Servicios Financieros (FSRC) la supervisión para hacer cumplir el marco legal entre las compañías relevantes. Se pueden imponer multas de hasta $ 250,000 por incumplimiento de la legislación y, además, puede haber cargos penales para gerentes errantes que podrían resultar en encarcelamiento. El Gobierno de Antigua y Barbuda señaló que al redactar el Proyecto de Ley se celebraron consultas con varios miembros de la industria, como Ayre Group, nChain, Bayesian Fund y la Asociación Bitcoin.
Islas Caimán adoptan un marco regulatorio para los servicios de activos virtuales Las Islas Caimán han promulgado un paquete de cinco proyectos de ley para regular a los Proveedores de servicios de activos virtuales (VASPS). La Ley relativa a los Proveedores de servicios de activos virtuales, el elemento central de la legislación en el marco regulatorio hace obligatorio que las empresas de activos digitales estén registradas ante la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA). La Honorable Ministra de Servicios Financieros de las Islas Caimán, la Honorable Tara Rivers, declaró que la nueva legislación tiene como objetivo facilitar la innovación en los servicios financieros, brindar certeza regulatoria a los VASPS, proteger a los consumidores y acatar los requisitos de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En relación con la concesión de licencias de los VASPS, los titulares de licencia potenciales deben demostrar que tienen los conocimientos, la experiencia, la infraestructura y la financiación necesarios de acuerdo con el alcance y la complejidad del negocio. Los VASPS con licencia también deben cumplir con los reglamentos antilavado de dinero, preparar cuentas anuales y tener un domicilio social en las Islas Caimán. El nuevo marco incluye además un régimen reglamentario de pruebas controladas (caja de arena/sandbox), lo cual permite ofrecer nuevos servicios innovadores con ciertas restricciones sin necesidad de una licencia completa. La Honorable Ministra explicó que la licencia sandbox permite al CIMA adaptar las restricciones, supervisar los convenios, establecer límites a la oferta del servicio o especificar obligaciones "a fin de permitirle supervisar adecuadamente una actividad innovadora que utiliza nuevas tecnologías". Se pretende utilizar el enfoque sandbox por un plazo limitado y permitirá a la autoridad evaluar la actividad y ver si se requieren cambios legislativos a las leyes existentes.
Riesgos y respuestas de políticas ante el COVID-19 relativas al lavado de dinero y la financiación del terrorismo La pandemia COVID-19 ha dado lugar a desafíos mundiales sin precedentes, sufrimiento humano e interrupción económica. También ha generado un aumento de los delitos relativos al COVID-19, incluso el fraude, la ciberdelincuencia, la desviación o la explotación de los fondos públicos o de la asistencia financiera internacional, lo que está creando nuevas fuentes de ingresos para los delincuentes. Al utilizar la información brindada a los miembros de la Red Mundial del GAFI los días 7 y 23 de abril, el GAFI ha publicado un documento que identifica los desafíos, las buenas prácticas y las respuestas políticas a las nuevas amenazas y vulnerabilidades de financiación del terrorismo derivadas de la crisis del COVID-19. Para leer el documento completo, haga clic aquí.
Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión El Proyecto de supervisión se financia plenamente por el Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras –es decir, los Gobiernos del Canadá y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte –y sigue apoyando a los Miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe. Un ejemplo del apoyo directo es la capacitación del personal de supervisión responsable del antilavado de dinero/contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) a fin de ayudar a crear capacidades para mejorar las actividades de supervisión. En la imagen arriba, desde la derecha está la Sra. Ligia Stella, Directora de la UIF de Sint Maarten. La 2da a la derecha es la Sra. Glenda Leben, Asesora de Supervisión del GAFIC, junto con el personal de Supervisión de las APNFD. Como consecuencia, la segunda capacitación se impartió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Sint Maarten, la cual es el Supervisor del ALA/CFT para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). Con el nuevo personal del Departamento de Supervisión, la Directora de la UIF, la Sra. Ligia Stella, identificó la necesidad de fortalecer la capacidad de los miembros del equipo a fin de observar, regular y supervisar eficazmente el cumplimiento de las APNFD con los requisitos del ALA/CFT acorde con sus riesgos. Durante el período del 11 al 13 de marzo de 2020, se impartió la capacitación dirigida al equipo que participó en sesiones prácticas y se benefició de la interacción uno a uno, orientada a promover una comprensión más clara de los requisitos del Resultado Inmediato 3 – Supervisión. Si bien la región, junto con el mundo, ataja la pandemia de COVID-19, el apoyo ex situ y en línea aún está disponible para los Miembros en relación con el Proyecto de supervisión. Para más información y detalles, puede comunicarse con la Asesora de Supervisión, la Sra. Glenda Leben a: glenda.leben@cfatf.org o cfatf@cfatf.org .
El BID publica un documento sobre el impacto de COVID-19 en las economías del Caribe. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha publicado un documento titulado "El impacto de COVID-19 en las economías de la región". El documento analiza el impacto de la pandemia COVID-19 en seis (6) países del Caribe: Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam, las Bahamas y Trinidad y Tobago, a partir del 3 de abril de 2020. El documento examina los casos confirmados y los plazos de respuesta, el impacto potencial en el crecimiento y las medidas normativas adoptadas por los gobiernos. Para leer el documento completo, haga clic aquí.
