La Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (BVIFSC) publicó su informe "Evaluación de riesgo 2020 del lavado de dinero" el 10 de diciembre de 2020. El informe presenta los hallazgos de las evaluaciones sectoriales para el período 2015-2019 y es un seguimiento del informe de Evaluación Nacional de Riesgos del país de 2016. Tras el informe de 2016, el Ministerio de Hacienda también publicó un "Informe de situación sobre la aplicación de las recomendaciones derivadas de la evaluación nacional de riesgos" en 2017. El BVI llevó a cabo su primera evaluación nacional de riesgos contra el lavado de dinero/financiación del terrorismo (ALA/CFT) en 2014.

La Directora General Interina de la BVIFSC, Sra. Jennifer Potter-Questelles, señaló que el informe de 2020 "revisó críticamente los riesgos del LA planteados por cada uno de los sectores bajo nuestro ámbito de control, en el contexto de las amenazas del LA a las que están expuestas las Islas Vírgenes". Explicó además que la evaluación mejoró la capacidad de los sujetos obligados para identificar riesgos específicos del LA dentro de sus respectivos sectores. En consecuencia, la BVIFSC y las entidades bajo su competencia pueden emplear medidas apropiadas para mitigar y gestionar eficazmente éstos y otros riesgos emergentes.

El informe completo se puede leer aquí.

El Proyecto de Ley sobre los Proveedores de servicios financieros y corporativos (FCSP) de 2020 fue aprobado en la Asambleas Legislativa de Las Bahamas el 4 noviembre 2020. Viceprimer Ministro el Honorable K. Peter Turnquest declaró que el Proyecto de ley ha definido ciertos esquemas financieros como ilegales. Explicó que "pueden adoptar la forma de esquemas piramidales, esquemas Ponzi y esquemas de tarifas anticipadas, entre otros, y muchos de ellos han plagado a los bahameños desprevenidos durante generaciones. Además, estos regímenes son fundamentalmente perjudiciales para los inversores y el público. El Proyecto de ley tipifica como delito la promoción o comercialización de estos esquemas financieros y faculta a la Comisión de Valores para disolverlos cuando las circunstancias así lo justifiquen. También faculta a la Comisión para investigar y hacer cumplir a las personas que participan en los esquemas financieros."

El Viceprimer Ministro Turnquest declaró que el Proyecto de ley FCSP está diseñado para brindar a la Comisión de Valores la supervisión de los servicios financieros y corporativos no bancarios a fin de protegerlos del uso indebido y del abuso. El Proyecto de ley también establece disposiciones específicas que facultan a la Comisión de Valores para tomar medidas administrativas y de otro tipo para proteger los intereses públicos. Además, declaró que los Reglamentos para los Proveedores de Servicios Financieros y Corporativos de 2020, que han sido redactados para apoyar el Proyecto de Ley FCSP, amplían algunas de las normas que deben mantener los licenciatarios.

Los Reglamentos propuestos obligarán a los licenciatarios a mantener los más altos estándares de conducta profesional. El Viceprimer Ministro Turnquest señaló que los Reglamentos se centrarán en algunos temas, tales como la protección de los datos personales de los clientes de acuerdo con la Ley de Protección de Datos (Privacidad de la Información Personal), así como las medidas para abordar la recopilación, el almacenamiento y la prevención del acceso no autorizado a los datos personales. 

El Honorable Viceprimer Ministro detalló además que para proteger la industria financiera y la reputación de Las Bahamas de la amenaza del lavado de dinero (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), el Proyecto de ley FCSP también requiere que los licenciatarios cumplan con la Ley de Información sobre Transacciones Financieras de 2018 y la Ley Antiterrorista de 2018. Además, será necesario que los licenciatarios cuenten con suficientes recursos financieros, que sean solventes y obtengan una cobertura de seguro adecuada para sus operaciones comerciales. Añadió, "Todo esto protege a los inversores, tanto aumentando la probabilidad de que los operadores estén preparados económicamente para las actividades en las que participarán, como agregando algunas medidas de protección para los consumidores perjudicados".

En junio de 2019, el GAFI acordó seguir trabajando para fortalecer los Estándares del GAFI para contrarrestar el financiamiento de la proliferación (CFP). Tras una consulta pública sobre el proyecto de enmiendas a la Recomendación 1 y su Nota Interpretativa, la Plenaria del GAFI de octubre de 2020 aprobó las revisiones de las Recomendaciones del GAFI. La Recomendación 1 revisada y su Nota Interpretativa requieren que los países y las entidades del sector privado identifiquen, evalúen, gestionen y mitiguen los riesgos de posibles infracciones, no implementación o evasión de las sanciones financieras específicas relacionadas con el financiamiento de la proliferación (FP).

El GAFI también adoptó enmiendas a la Recomendación 2 y una nueva Nota Interpretativa a la Recomendación 2 (INR.2), para mejorar la cooperación nacional, la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades nacionales.

Los Procedimientos del GAFI y GAFIC (párrafo 4) requieren que los países sean evaluados sobre la base de las Recomendaciones y Notas Interpretativas del GAFI, y la Metodología tal como existen en el momento de la visita in situ del país. Sin embargo, la Plenaria del GAFI acordó desarrollar una Guía para ayudar a los países y al sector privado a evaluar y mitigar el riesgo de financiamiento de la proliferación y acordó además que el GAFI comenzará a evaluar las jurisdicciones para la implementación de estos nuevos requisitos (relacionados con R.1, INR.1 , R.2 e INR.2) al comienzo de la próxima (quinta) ronda de evaluaciones mutuas, para dar tiempo a tomar las medidas necesarias.

La declaración pública completa se puede leer aquí.

El Primer Ministro de Granada, el Honorable Keith Mitchell, afirmó que el país adoptará modelos de gobernanza para garantizar prácticas anticorrupción. La declaración se hizo al abordar el cuarto Programa Anual de Capacitación Regional sobre Liderazgo y Gestión de la Serie Centro de Excelencia, que fue organizado por la Oficina de la Comisión de Integridad en Granada.  

El Honorable Primer Ministro Mitchell reafirmó el compromiso de su gobierno de facilitar la capacitación regional contra la corrupción e indicó que el país acogería seriamente los cambios globales que requieren mejoras en los modelos de gobernanza y la gestión del sector público. Afirmó que los desafíos del país se han vuelto más evidentes durante la pandemia de COVID-19 y aseguró que "Granada continuará los esfuerzos para mejorar nuestros propios modelos de gobernanza y garantizar la supervisión con mecanismos efectivos que respondan a las amenazas de corrupción tanto internas como externas". Granada ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se ha adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El Primer Ministro Mitchell dijo que "tales acciones significan nuestra intención colectiva de eliminar las prácticas y comportamientos que fomentan la corrupción”.

Durante la ceremonia de apertura, la Secretaria General de la Mancomunidad, Dame Patricia Scotland, comentó que las naciones del Caribe se enfrentan actualmente al impacto combinado de la pandemia de coronavirus, la crisis climática y los graves desafíos económicos. Continuó diciendo que “además de esto, también tenemos que abordar el flagelo de la corrupción, no menos dañino, pero quizás más invisible; y lo hacemos al mismo tiempo que lidiamos con la pandemia del coronavirus y sus muchas y angustiosas consecuencias”.

El Secretario General explicó que “al igual que la pandemia que los países luchan por controlar, la corrupción genera enormes costos humanos y financieros y pone en grave peligro el bienestar de los más vulnerables”. Dame Scotland agregó que aunque la corrupción se piensa principalmente en términos monetarios, el problema afecta la calidad de vida en los países en desarrollo. Señaló que “los flujos financieros ilícitos que cuestan a los países en desarrollo 1 US$1.26 billones al año, si se aplican correctamente, elevarían por encima del umbral de pobreza a los 1.400 millones de personas que viven con menos de US$1.25 al día y los mantendrían allí durante por lo menos seis años". El Secretario General recordó a los participantes que ningún país es inmune a la corrupción y, como tal, no puede volverse complaciente en sus actividades para combatirla.